La impunidad, la complicidad y el silencio.


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El Gobierno de Binner tiene la enorme responsabilidad de denunciar los hechos de corrupción presentes y pasados. Hay puntos oscuros en el desempeño de los gobiernos justicialistas en  Santa Fe entre 1983 y 2007. Dudosos actos administrativos, licitaciones y concesiones. El narcotráfico. Quienes votaron el cambio también votaron respuestas.

  

“Esta es una provincia ordenada y no hay denuncias de corrupción”.  Santa Fe está rankeada “en primer o segundo lugar en el mundo” a la hora de recibir créditos internacionales, y  es una provincia que “cualquiera que sea inteligente y lea los diarios se dará cuenta de que una provincia que está en estas condiciones no tiene corrupción, porque a nivel internacional, el tema de la transparencia juega un papel fundamental”. 

Dip. Prov. Justicialista Mario Alfredo Lacava (ver http://sinmordaza.com/modules.php?name=News&file=article&sid=19371) Fines de noviembre de 2004.

 Durante los 24 años de gestión justicialista en la provincia de Santa Fe, las investigaciones sobre hechos de corrupción no tuvieron demasiado vuelo. Basta con intentar recordar una lista de funcionarios que hayan sido procesados por incumplimientos en sus deberes, y nos encontramos que aparecen el ex intendente de Santa Fe Álvarez, el ex ministro de Obras Públicas Berli y el ex titular de Hidráulica todos involucrados en la causa de las inundaciones de 2001, que mató a 23 personas y provocó el exilio de 100 mil, y en la que el ex gobernador Reutemann salió inmune.

Las inundaciones 

Según relató Sergio Pizzani para Rosario/12, en un fallo de 69 páginas, el juez Patrizi confirmó que Santa Fe tenía su propia espada de Damocles ante crecidas extraordinarias del río Salado. Una brecha abierta en la defensa del oeste por la que ingresó el torrente el 29 de abril de 2003. “El principal factor de riesgo era la falta de terminación de la defensa oeste”, dice el fallo. Un peligro que ya era conocido desde la crecida de 1998, cuando se realizó un cierre provisorio. Y hasta advertido en agosto de 2001, por el ex secretario de Obras Públicas, Carlos Borra, en un informe a la Cámara de Diputados de la provincia.

 

“Existía conciencia de que el río Salado es un riesgo. El ministro de Obras Públicas estaba en conocimiento; en ese momento si el gobernador (Reutemann) tuvo conocimiento o no, no lo puede precisar, estoy hablando al 23 de agosto de 2001”, dijo Borra en su declaración testimonial ante el juez.

 

El deterioro social de las inundaciones, el asistencialismo político, la corrupción y el narcotráfico conforman la base que sirvió para transformar hoy a la capital provincial en la tercera ciudad más violenta de latinoamérica, después de Bogotá y Lima. 

 

La causa por las inundaciones en Santa Fe puede catalogarse como la denuncia judicial  más trascendente que tocó el corazón del poder y que involucró a sus autoridades.  Lamentablemente no tuvo antecedentes hasta hoy. Se sabe que la estructura creada por los distintos gobiernos del mismo signo permitió limpiar todo rastro de hechos que podían despertar alguna sospecha.

 

Tribunal de cuentas, con el lápiz sin punta 

 

Muchos entienden que el tribunal de Cuentas de la Provincia sirvió de refugio de recomendados del poder, sin independencia pero con promesas de progreso. Algunos funcionarios que pasaron por allí avanzaron rápidamente en su carrera política, tras revisar con eficiencia las compras, licitaciones, pagos y otras operaciones que el gobierno hacía a través de su oficinas.

 

Un área que debía ser técnica, independiente e imparcial, era parte del escudo protector de la clase dirigente gobernante.

 

Recuerdos del pasado 

 

El actual gobierno socialista de Hermes Binner está caminando por el terreno minado que dejaron los gobernadores justicialistas. Por ahí puede desactivar alguna bomba. Recientemente se encontraron medicamentos vencidos y útiles escolares perdidos en depósitos oficiales. Aparecerán otras cosas, sin duda.

 

El ministro de salud Capiello encontró en la Droguería de la provincia “una enorme cantidad” de medicamentos vencidos (2.500 kilos). También 680.000 profilácticos vencidos y una cantidad imprecisa de pastillas anticonceptivas que tampoco se repartieron y ya no se pueden usar.

La crónica periodística recuerda que en agosto de 2002, hace cinco años, la diputada del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez, le pidió a la justicia que investigue una denuncia pública del entonces director de Farmacia y Bioquímica, Elbio Costa, sobre acumulación de medicamentos vencidos entre 1992 y 2002. El ministro de Salud, Fernando Bondesío, lo echó del cargo con el aval del gobernador de la época, Carlos Reutemann.  

En otro ámbito oficial se encontraron  cuadernos, guardapolvos, diccionarios, blocks de hojas y banderas. Estaban olvidados en el subsuelo de la sede Rosario del Ministerio de Educación de la Provincia. Aparentemente no habían  sido distribuidos en su momento a las escuelas que lo necesitaban.

 

Son dos hechos que merecen atención, ya que demuestran que existen actos administrativos desprolijos. Además los funcionarios a cargo merecen ser investigados ya que un sobrante no es admisible cuando lo habitual es que nada alcance. Y estos sobrantes de licitaciones pueden ser la punta de hechos de corrupción.

 

Cuentas pendientes 

 

El gobierno de Binner tiene la enorme responsabilidad de activar los mecanismos que permitan desarticular la corrupción presente, y pasada. No se puede tolerar que funcionarios de los gobiernos anteriores o allegados hayan incrementado su patrimonio sin que hayan explicado cómo. La población merece que le aclaren porque el agua se privatizó y después se estatizó, y cuanto costó esa maniobra.  Los santafesinos pagamos caro un servicio deficiente.

 

Además está la EPE con las denuncias sobre licitaciones dudosas, los faltantes de sus depósitos, sus tarifas elevadísimas, la contratación de empresas tecerizadas para el trabajo que saben realizar y su personal con sueldos privilegiados.

 

También deberían revisarse las enormes erogaciones justificadas solo por el mal desempeño de funcionarios, la privatización escandalosa del Banco Provincial de Santa Fe, el fracasado plan de viviendas Construfé y el reconstruído Puente Colgante.

 

La publicidad oficial es otro tema. Sabemos de medios que durante años han podido sostenerse gracias a pautas otorgadas indiscriminadamente por el gobierno provincial o sus dependencias vinculadas, a cambio de un tratamiento periodístico favorable.  

 

El narcotráfico, silencio y fortunas. 

 

El tema del narcotráfico es preocupante en Santa Fe. Hay  denuncias sobre complicidad policial y política, sobre  los aterrizajes en el norte provincial (aquí no hay radares)  y  sospechosas fortunas en extrañas manos.

En abril de 2003 un diario porteño reseñaba aspectos del tráfico de drogas en la provincia de Santa Fe. Eran crónicas que aquí no se escuchaban ni se publicaban.  Los grandes medios santafesinos no abordaban el tráfico de drogas: no era un tema de investigación periodística.

El matutino basó su investigación en las sospechas  sobre la presunta connivencia de la policía provincial con las bandas de narcotraficantes. Allí se publicó la denuncia  de Norma Castaño, una vecina de Santa Fe cuyo hijo es adicto a las drogas y su esposo trabaja en la policía. Castaño,  investigó y denunció ante la policía santafesina la red de narcotraficantes que le vendía droga a su hijo, pero, según ella, nada cambió.  

La investigación periodística realizada en Rosario y en Santa Fe reveló que  la policía santafesina tenía casi mil efectivos denunciados por diversos hechos de corrupción y homicidios. Incluía el asesinato de un policía que iba a revelar a la Justicia los negocios que comparten sus compañeros con bandas de narcotraficantes.  El artículo del año 2003 no abarca los extraños accidentes que provocaron la muerte del Comisario Omar Darío López (en diciembre de 2007) y del comisario Alfredo de Félix (en agosto de 2006), ambos ex jefes de la división Drogas Peligrosas de la Policía santafesina.

 La Nación recoge el testimonio de Carlos Carranza, el entonces ministro de Gobierno de Reutemann.  Sobre la denuncia de Norma Castaño contra la policía aseguró que no tiene justificación. “A nuestro entender, el trabajo de la policía ha dado resultados. Fíjese que en menos de cuatro días se han secuestrado dos cargamentos de mil kilogramos de marihuana”, señaló.

Sobre la droga en la provincia basta preguntarle a la Jueza federal de Rosario Laura Cosidoy que durante 15 años investigó a narcos con supuestas conexiones policiales y políticas. Cuando la jueza Cosidoy estaba investigando la fortuna y los negocios del dirigente peronista Jorge Lelli, el entonces presidente Menem, acompañado de su ministro del Interior José Luis Manzano (Hoy uno de los dueños del Diario La Capital de Rosario), le regaló su Rolex en señal de amistad.

 

Final o principio 

 

No es poco lo que se esconde en las alcantarillas de esta provincia. Solo se necesitá la voluntad política de poner ante los jueces a todos aquellos que abusaron de nuestra confianza, cometieron delitos y aprovechando las riquezas de la provincia, se llevaron su parte sin permiso.

  

Claudio Scabuzzo

La Terminal

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