Los medios, en el medio.


Desde que volvió la democracia se intenta debatir un nuevo marco para los medios de comunicación electrónicos, pero nunca se alcanzó a modificar esa norma de la dictadura. La actual ley de radiodifusión respondía a los intereses de esa época, exigiendo idoneidad a los propietarios, limitación de licencias, reglas morales y éticas acordes al espíritu del Proceso de Reorganización Nacional. Se puso en vigencia cuando la televisión migraba del blanco y negro a color, donde no existía la libertad de expresión, las redes de cables con muchos canales, ni internet. La tecnología y la democracia obligan a replantear el terreno.

Pero los grandes intereses que participan del negocio de los medios y sus aceitados vínculos políticos impidieron en los últimos 25 años crear una nueva ley. Es así como, sin vigencia real (aunque nunca derogada), se armaron enormes monopolios y multimedios, se vendieron a capitales extranjeros medios de comunicación y se otorgaron miles de licencias precarias de FM. La palabra “trucho” (un término que mereció un post anterior) se aplicó a canales de aire y radios AM y FM que, en la ilegalidad absoluta, transmiten sus mensajes a la comunidad.

Las iglesias electrónicas, los manosantas estafadores, los comunicadores comprados por políticos y los comentaristas xenófobos o discriminatorios aparecieron en el aire, y nada se podía hacer para impedirlo o regularlo. Los contenidos artísticos demostraron, muchas veces, que era más importante el negocio que el mensaje.

La nueva ley deberá distinguir entre medios electrónicos por aire y por cable, entre internet y medios gráficos.

El gobierno de Cristina Kirchner está analizando una nueva legislación que regule la actividad de los medios electrónicos y será enviado al congreso para su debate. Algunos aspectos comienzan a trascender.

 Crítica de Argentina lo exhibe un artículo publicado el 30 de mayo de 2008. Algunos párrafos:

http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=5312

 

En dos semanas el Gobierno enviará al Congreso su proyecto para reemplazar la Ley de Radiodifusión de la dictadura. La nueva norma incluirá una novedad que podría alterar definitivamente el mapa de los medios de la Argentina: permitirán que las empresas telefónicas brinden el servicio de televisión por cable, un histórico reclamo de la española Telefónica. Se trata de un duro golpe contra el Grupo Clarín, que concentra el mayor número de abonados del país entre sus empresas Multicanal, Cablevisión, Teledigital y Supercanal, esta última en sociedad con el grupo Vila-Manzano. La embestida no terminará ahí: la Presidenta declarará que el cable es un servicio público y así podrá discutir las tarifas que cobran las empresas y someterlas al control de los entes reguladores.

La estrategia del Ejecutivo apunta a dos frentes para restringir el imperio de los monopolios mediáticos: por un lado, abrir la competencia con otros actores poderosos, como Telecom y Telefónica -de excelentes contactos con el kirchnerismo-, y al mismo tiempo reducir al mínimo el número de licencias que cada grupo puede tener.

Hasta ahora, sólo las empresas de cable están habilitadas para ofrecer Triple Play (cable, internet y telefonía en soporte digital). En la ciudad de Buenos Aires, ese servicio múltiple lo provee Telecentro, la empresa de Alberto Pierri, el ex presidente de la Cámara de Diputados. La ley vigente impide que las empresas de servicios públicos sean titulares de licencias de radio o televisión.

Donde no hay acuerdo dentro del Gobierno es en el alcance de la embestida contra Clarín. Tomando como sustento el Pacto de San José de Costa Rica, y con la declarada intención de favorecer la “multiplicidad de voces”, el Ejecutivo quiere restringir a un 30 ó un 40 por ciento la porción máxima de mercado que puede concentrar un grupo empresario.

 La madeja de los medios no será fácil de desenredar.

Las dudosas fortunas que en el 90 compraron cientos de medios pequeños y medianos en el país hoy son parte del empresariado que deberá encuadrarse en la nueva ley. Son figuras que tienen un pasado y un presente de excelentes vínculos con el poder ¿Serán alcanzados por la nueva norma?.

Estos inversionistas compraron sus radios y televisoras, e incluso diarios, con la clara intención de ampliar su oferta publicitaria y para un cliente privilegiado: el estado. Captan jugosas porciones de  la publicidad oficial u “oficiosa” (municipal, provincial o nacional, de empresas oficiales o contratistas del estado) y las vuelcan en sus medios de comunicación, apoyados por un periodismo servil que pueda ampliar el negocio con extorsiones a la clase política. El tráfico de influencias, en medio de una relación carnal intensa entre medios y funcionarios, permitió que algunas licitaciones públicas queden en manos de multimedios amigos, escondidos detrás de sociedades o testaferros. Cualquier similitud con un sistema mafioso, es pura coincidencia.

 Además estas inversiones permitieron blanquear capitales dudosos. La emisión de publicidad es intangible, no hay controles, y resulta una actividad que permite reciclar dinero. Nadie ha investigado la forma en que se capitalizaron los multimedios, quienes prestaron el dinero, como se obtuvo y de que manera pueden sostenerse proyectos a pérdida durante años.

En tanto no se revise la manera en que el estado invierte en publicidad (a veces de manera incontrolada y escandalosa), una nueva ley no va a impedir que se sigan utilizando las pautas oficiales para favorecer a medios funcionales para la clase política. Algunos funcionarios no dudan en pagar para que una tapa o un comentario no los desprestigie, negocian sumas siderales y establecen alianzas estratégicas con medios o mutimedios, a cambio de un cheque mensual. ¿Cambiará con una nueva ley?. ¿Si el estado es propietario de medios y tiene asignado tiempos en los medios comerciales, porqué debe pagar por publicidad?.

Las FM truchas: lejos de la ley.

¿Qué va a pasar con la infinita cantidad de FM que están precariamente autorizadas a funcionar? Muchas de ellas no tienen equipos de emisión adecuados, interfieren a los aviones, sus antenas no están autorizadas y su personal, absolutamente fuera de regla. Son receptoras de publicidad (incluso oficial), pero no tienen ni siquiera sus papeles en orden. Algunos “punteros” políticos las tienen como “propaladoras” de sus campañas personales.

 Muy pocas representan el medio de información y entretenimiento de la comunidad, e intentan cumplir con sus objetivos en el marco de la legalidad. Posiblemente desconozcan todas las normas sobre la actividad como el respeto de los derechos de autor, de la vida privada, del decoro o de la convivencia democrática.

 Los medios no tienen la responsabilidad de educar, porque para eso está la escuela pero no deberían deformar la realidad sin fundamentos.

 Las FM con permisos precarios representan el sector más informal de la radiodifusión con dos décadas de “derechos adquiridos” ¿Los encuadrará la nueva ley?.

 ¿Cualquiera puede comunicar?.

 El tratamiento periodístico no es un proceso natural, sino que se aprende. Lo mismo que la claridad expresiva. Un comunicador debe estar preparado intelectualmente para la tarea, y no cualquiera puede asumirla con solvencia.

En el punto anterior señalaba la enorme informalidad de algunos medios. Esa desprolijidad se escucha, se ve y se lee. Se desconocen criterios periodísticos y artísticos para la producción de contenidos y la publicidad se transforma en el único objetivo, sin importar lo que se dice.

Cuando se habla del libre acceso a los medios, se refiere a la posibilidad de incorporar sin censuras, mensajes, informaciones o expresiones que un ciudadano, o muchos, presentan en un medio para su difusión. Un profesional debería ser el que evalua y procese el mensaje para su emisión, bajo su criterio y responsabilidad (la que comparte con el titular del medio).

 ¿Debería una matricula (que los locutores profesionales tienen) garantizar la profesionalidad del comunicador? Es un tema a debatir, porque no es lo mismo un conductor de un programa musical, que un periodista. Igual diferencia entre un periodista deportivo y uno político. La información es un elemento que no puede se manipulado por cualquiera, interpretado ligeramente o descartado sin justificación.

La responsabilidad del comunicador también tiene que tener su encuadre legal, para protegerlo de los intentos de censura o  para condenarlo por los excesos que cometa. No debería permitirse que cualquiera diga cualquier cosa de otro.  

Tantos años de ilegalidad, descontrol y abusos, hacen que ordenar este terreno no resulte sencillo. ¿La nueva ley será debatida entre sectores de distintos pensamientos o será el fruto de una decisión interna del matrimonio Kirchner?, ¿Será para ordenar democráticamente el sistema de medios o para sacarle el monopolio al Grupo Clarín?. El tiempo nos dirá hacia donde van estos pasos….

Claudio Scabuzzo
La Terminal
Foto principal:  http://wearethem.org/images_17/index.htm
Micrófono: C.Scabuzzo
Otras: WEB
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Un comentario Agrega el tuyo

  1. marencoche dice:

    por una ley de la democracia, por una ley democrática
    http://www.marencoche.wordpress.com

    Me gusta

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