El precio de la ineficiencia.


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Riqueza y pobreza son términos y realidades opuestas. Cuando se produce, gracias al empleo de otras personas, se obtienen beneficios. Esa riqueza llega a manos de los propietarios o accionistas. Así nace el concepto de “concentración de la riqueza”, pero no siempre se acumula: En la mayoría de las veces contribuye a un consumo que alimenta la economía de la producción y los servicios, generando otros empleos indirectos. Esto es así, aunque algunos no lo quieran ver. Los que no tienen riqueza, o sea los pobres, son las víctimas de los desaciertos de un estado que se acuerda de ellos en palabras tiradas desde los palcos y en las promesas que no puede cumplir.

Un estado egoísta.

El estado debe atender las necesidades de los pobres con los recursos que obtiene mediante el cobro de impuestos justos, pero también, debe generar oportunidades que permitan el acceso a la riqueza de todos sus habitantes. Este último paso no parece existir en algunos discursos que últimamente han invadido los medios argentinos.

Las famosas retenciones al campo, que no eran más que impuestos a la rentabilidad de los productores agropecuarios, son justificadas por el estado como sostén de su política social. Sin embargo su cobro no iba a presentar demasiados cambios en la forma en que se maneja políticamente a la pobreza y la marginalidad. Precisamente muchos millones se pierden minuto a minuto sin ningún resultado a la vista.

El aparato estatal se engulle buena parte de los impuestos que cobra y los servicios que presta están lejos de ser un ideal. La educación, la justicia, la salud y la seguridad presentan dificultades presupuestarias para atender adecuadamente a la sociedad, que tiene una enorme presión impositiva desde hace años. Pero no alcanza, aunque se recauda mucho, jamás es suficiente. El aparato burocrático parece no tener límites en sus necesidades de dinero, aunque esa inversión ni siquiera se note en propuestas políticas innovadoras.

¿No sería más justo equilibrar los gastos para que los recursos alcancen sus objetivos?. Por lo menos siempre se promete reducir el gasto público, pero nunca decrece.

Políticas sociales y asistencialismo.

ricos y pobres por testaferreira.A la ausencia de dinero se suma la falta de políticas sociales adecuadas. En tareas similares se superponen la nación, las provincias y los municipios. El sistema más difundido es el asistencialista, con ayudas económicas escasas, sin verificar sus resultados. A lo sumo el beneficiario puede conseguir un trabajo y evitar el subsidio, pero no más.

En el medio aparecen los punteros políticos u organizaciones vinculadas al poder que tramitan beneficios sin control. Los pobres son una buena mano de obra para mantener un estado ineficiente.

Las políticas económicas  aumentan la desproporción entre ricos y pobres.  No solo la inflación aleja del bienestar al pueblo, sino la ausencia de crédito no permite la generación de fuentes de trabajo legítimas.

No hay acceso a créditos que permitan desarrollar empredimientos, porque son inalcanzables por sus condiciones, incluso en la banca oficial. Así es muy difícil salir de la pobreza, que se reproduce a la luz de discursos progresistas. Se elevan los ánimos, se culpa al que más tiene por la realidad de los que menos tienen, pero no se escuchan autocríticas ni se reconoce la existencia de un estado con sobrepeso y poca inteligencia.

Subsidios a los ricos.

Tio Gilito

Precisamente uno de los pilares de la actual política económica es un abanico de subsidios que son imposibles de cuantificar y controlar. Se subsidian empresas que proveen electricidad,  combustibles, transporte y algunos alimentos para mantener los precios accesibles a las clases más desposeídas. 

Pero con esta política también se benefician quienes viajan en tren u omnibus en la opulenta Buenos Aires (pagando la mitad de lo que abonan en el resto del país), los dueños de autos particulares “premium” a gasoil, los countrys que acceden a gas y luz barata, los que viajan en avión y aquellos pudientes que compran sus yogures lights en los grandes supermercados.

Sin oportunidades.

Las oportunidades no están claras, solo la ambición del gobierno en recaudar más para gastar más, sin solucionar los problemas de fondo.

No hablamos de la riqueza ilegítima, aquella que nace de los favores del poder. Esa riqueza no es observaba ni cuestionada. Pero la riqueza del trabajo, la inversión y el riesgo es perseguida, acusada de todos los males y desalentada a seguir existiendo.

La mejor manera de cambiar la realidad de los que menos tienen es con trabajo y oportunidades. La oportunidad de tener un beneficio de sus logros, gracias al acceso a créditos, tecnología y capacitación que le brinden herramientas para crecer. Y con respecto al trabajo, una remuneración justa en relación a la ganancia de su empleador, pero no más.

La existencia de trabajo no registrado no solo puede reflejar ciertas actividades que explotan a otros sino la imposibilidad de pequeñas empresas en poder cumplir con las exigencias legales. Acatar la ley impediría a muchos crear o mantener los puestos de trabajo de su empredimiento. No hay diferencias sobre las obligaciones frente al estado que debe tener un taller de barrio y una fábrica multinacional. Así no se fomenta el empleo. Así se destruyen fuentes de trabajo. Así cerraron comercios e industrias, ya que sus beneficios no alcanzaban para pagar los sueldos más las enormes cargas que el estado impone al que da trabajo.

El estado oligarca.

Por lo tanto la principal concentración de la riqueza la ejerce el estado, con el enorme dinero que atrapa para su funcionamiento. Las monedas que sobran escasamente alcanzarán para algunos objetivos sociales. A esto se le suma la inflación, que complica más los ingresos mínimos por esos egresos cada vez mayores.

El reciente conflicto con el sector agropecuario corrió la alfombra de esta realidad. La derrota del gobierno puede permitir cambiar algunos conceptos y comenzar a trabajar en lo que permitiría reducir esa brecha entre los que más ganan y los que menos tienen.

Un artículo publicado el domingo 27 de julio de 2008 en Página/12 y escrito Roberto Navarro, da cuenta de los pasos que se darían para superar la crisis actual.

El diario que hago referencia tiene excelentes vínculos con el poder, ya que su línea editorial responde al gobierno. Por lo tanto algunas de sus apreciaciones son sumamente alentadoras.

La presidenta Cristina Fernández tiene decidido implementar un nuevo índice de inflación. La jugada forma parte de una serie de medidas que vienen analizando la primera mandataria y el flamante jefe de Gabinete, Sergio Massa, para relanzar el Gobierno. Según señalaron altas fuentes del Ejecutivo a PáginaI12, la iniciativa tiende a “terminado el conflicto con el sector agropecuario, comenzar a transitar un período de gestión más en línea con los reclamos de la ciudadanía”. Para diseñar el nuevo indicador de precios se conformará una junta de asesores de prestigio, entre los que se espera contar con los economistas Aldo Ferrer y Héctor Valle, entre otros. El nuevo índice debería estar listo para comenzar a utilizarlo desde el 1º de enero de 2009. La Presidenta también dio el visto bueno para que el ministro de Economía, Carlos Fernández, avance en un paquete de medidas para frenar el alza de precios. Por otra parte, esta semana se trabajó en la letra fina del Acuerdo del Bicentenario, que –esperan– sirva para generar un nuevo clima de negocios en el país.

Tanto la Presidenta como el jefe de Gabinete piensan que la mayor preocupación de los argentinos es la inflación y creen que en los últimos meses esta fue empujada por el aumento de los commodities a nivel internacional y el conflicto con el campo. Pero también entienden que la diferencia entre lo que señala el actual índice de inflación y la percepción de la sociedad está corroyendo la credibilidad del Gobierno. Por eso la decisión de avanzar en una modificación del indicador que elabora el Indec. Otra certeza de la Presidenta es que el Ejecutivo debe volver a marcar la agenda económica y social. De ahí la idea de trabajar en distintas medidas y comenzar a enviar al Congreso iniciativas del Ejecutivo. Las primeras serán la Ley de Reinversión de Utilidades, la de movilidad previsional y un nuevo proyecto de ley de arrendamientos.

Los principales cambios que se vienen son los siguientes:

Indec

En principio, la idea que se maneja en el Ministerio de Economía es crear dos índices de inflación minorista (IPC). Uno de ellos no incluiría la energía. También afirman que es necesario tener en cuenta el incremento de los pagos de la deuda pública que están atados al IPC. Cambiar el índice sin antes bajar la inflación podría aumentar las erogaciones anuales en más de mil millones de dólares. Uno de los nombres que suena para formar parte del equipo de asesoramiento señaló a este diario que la implementación del nuevo índice puede realizarse en sesenta días. Y “que sería mejor ponerlo en marcha cuanto antes”.

Inflación

El diagnóstico del equipo económico es que la causa fundamental del actual proceso inflacionario es una fuerte asimetría entre el incremento de la demanda y la evolución de la inversión que motoriza la oferta. Por eso prepara un plan de fuerte impulso a las inversiones. En los próximos días enviará al Congreso una ley de desgravación impositiva a las utilidades que sean reinvertidas. El proyecto apunta al universo de las pymes, que son el 95 por ciento de las empresas locales. Y propone que una parte de las ganancias que se reinviertan pueda descontarse del impuesto a las ganancias. Según fuentes de la cartera económica, la nueva legislación resultará “en un fuerte incentivo a mantener el capital obtenido en la empresa, ya que retirarlo será mucho más oneroso”.

También con el objetivo de aumentar la oferta de bienes y servicios se capitalizará fuertemente al Banco Bice, convirtiéndolo en un banco de desarrollo, con características similares al Banades de Brasil. El banco público saldrá al mercado con créditos para pymes a tasas del 8 por ciento anual, interés que comparado con la inflación resulta en una tasa negativa. Se intentará que el banco pase del actual capital de 600 millones de dólares a 1500 millones de dólares destinados al crédito pyme. Y la intención es apuntar a los sectores que necesitan aumentar su capacidad instalada para incrementar su producción. A la vez se invitará a que la banca privada aporte un capital similar para que los créditos sean otorgados un 50 por ciento por el Bice y la otra mitad por los bancos privados. A la vez se implementarán nuevas líneas de crédito del Banco Nación con tasas subsidiadas para los rubros que necesiten urgentes inversiones.

Otro elemento que se sumará a la lucha contra la inflación será la reducción del gasto público. En ese sentido, las primeras medidas que se preparan son una suba en las tarifas de gas, electricidad y transporte para disminuir los subsidios a las empresas que manejan esos sectores. También se estudia una suba gradual del precio del gasoil. Según datos de la Secretaría de Energía, el 40 por ciento de ese combustible lo utiliza el campo y otro porcentaje similar los vehículos particulares y taxis. En Economía piensan que subsidiar a esos sectores es una medida regresiva, en tanto aumenta el gasto y genera inflación, efecto que corroe principalmente el ingreso de los que menos tienen.

Mercado interno

La suba de precios internos de los últimos meses, fundamentalmente la de los alimentos, golpeó sobre el poder adquisitivo de las clases baja y media. Para la primera, se trabajará para aumentar el haber mínimo en el Consejo del Salario, junto a los empresarios y los dirigentes gremiales. Respecto de la clase media, finalmente, se decidió aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a los trabajadores y eliminar la tablita de Machinea. Esta tabla hace que a medida que aumenta el sueldo de los empleados menos deducciones del impuesto –como cónyuge, hijos y otras cargas de familia– se puedan practicar. La medida redundará en un inmediato aumento del salario de bolsillo de los trabajadores. Por ejemplo, un empleado con familia tipo que gana más de cuatro mil pesos recibiría 140 pesos más por mes.

Agro

El nuevo secretario de Agricultura ya está trabajando en un nuevo esquema de retenciones a las exportaciones agropecuarias (ver aparte). Pero la mayor preocupación del funcionario es poder congeniar sus ideas sobre el sector con el resto de las políticas macroeconómicas. El secretario Cheppi plantea cuatro puntos esenciales que, afirman sus colaboradores, serán el eje de su gestión. Señala que es imprescindible tomar en cuenta la asimetría que existe entre la productividad del campo, derivada de sus ventajas comparativas, y la de la industria. Para equilibrarla hace falta un tipo de cambio competitivo y retenciones. También cree que es imprescindible mejorar los términos de intercambio, sumando valor agregado a la producción agropecuaria. El tercer punto es encontrar la forma de compatibilizar los temas comer/exportar. Y por último impulsar un fuerte crecimiento del sector, manteniendo la sustentabilidad del suelo.

Claudio Scabuzzo
La Terminal
Artículo citado: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-108543-2008-07-27.html
Foto principal: http://mapas-ciudadania.blogspot.com/2007/07/distribucn-de-la-riqueza-ficha-n-13.html
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